ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA DE COLOMBIA

ACADEMICO ARIAS COMENTA SOBRE LA SITUACION DEL SISTEMA DE SALUD

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La mala atención a la salud que actualmente soportan los pacientes se debe a décadas de peores decisiones que con el paso del tiempo se convirtieron en una verdadera bola de nieve que hoy está a punto de sepultar todo el sistema.

Antes de que en 1993 fuera sancionada la Ley 100, que creó el Sistema de Seguridad Social integral, las entidades que brindaban servicios de salud a todos los colombianos eran el Seguro Social, Caprecom y Cajanal. Esa ley permitió que ingresara el sector privado a competir, creando las hoy conocidas y polémicas Empresas Prestadoras de Salud (EPS) en dos regímenes: contributivo (por pago de los ciudadanos al sistema) y subsidiado (pago a cargo del Estado). Además de garantizar la atención prioritaria de salud, las EPS tienen otras obligaciones, como realizar labores preventivas a madres gestantes, a niños en desarrollo y con vacunación. Además constituir redes integrales de proveedores como hospitales, laboratorios, sitios de terapias y dispensarios de medicamentos. Y por último vigilar por la calidad del servicio, pagar incapacidades, pensiones y licencias de maternidad.

Malos supuestos

Sin embargo, el sistema de salud creado sobre supuestos macroeconómicos alejados de todas las previsiones, fue alimentado por el afán de concretar el financiamiento de la Ley 100 que prácticamente partió en dos al sector. Se estableció que con el crecimiento de la economía con un promedio anual de 4%, la productividad empresarial dispararía no solo el recaudo de impuestos, sino también el empleo y por ende la cotización de más personas al sistema de salud. Pero la realidad fue otra. Solo a comienzos del 2000 la economía pudo crecer a tasas de 4%, el empleo no subió como se esperaba y por consiguiente se presentó un fenómeno de tener que subsidiar a más cotizantes. Esto provocó un desequilibrio financiero al sistema por el lado de los impuestos generales (SGP) y de las cotizaciones que son las mayores fuentes de recursos para el régimen subsidiado.

A estos antecedentes se suma la corrupción. De acuerdo con la Asociación de Hospitales Públicos,el cálculo de las pérdidas por corrupción que ha tenido el sistema de salud ya llega a los $7 billones. Esta plata equivale al 28% de los aportes para la salud del presupuesto nacional para 2018 y a más de $150 mil por habitante. La plata que se ha perdido por corrupción en salud es siete veces más que los recursos que se destinan anualmente para la educación pública universitaria y podrían servir para reconstruir con lujos la ciudad de Mocoa, que fue destruida por el invierno.

Desafíos

“En el pasado Colombia tenía un sistema de salud desastroso, pero ahora cuenta con uno que protege el bolsillo de las familias, especialmente, el de las más pobres y además ofrece un paquete de beneficios”, destacó el expresidente del gremio de las EPS Acemi, Jaime Arias, quien además reconoció que hay desafíos no resueltos: “La población se nos envejeció, el 8% de los colombianos es mayor de 65 años y el perfil de las enfermedades pasó de agudas e infecciosas a crónicas de alto costo. A esa realidad se le suma la existencia de un alto número de medicamentos de complejidad y, por consiguiente, de altísimo costo”.

Enfermedades

Las 40 EPS que existen en el país (de los dos regímenes) tienen más de 7 millones de pacientes con enfermedades crónicas. Anualmente hacen cerca de 500 millones de consultas médicas, odontológicas y conespecialistas, lo que supone más de 1 millón cada día. En ellas trabajan cerca de 200.000 profesionales y 300.000 técnicos y administrativos y prestan servicios a través de 10.000 IPS y más de 1.500 hospitales. Según el vocero de Pacientes Colombia, Denis Silva, el mayor número de quejas que reportan los usuarios ante la Superintendencia Nacional de Salud están relacionadas con demoras para acceder al sistema de urgencias, a las citas con especialistas y a la entrega de medicamentos. La Supersalud indica que, solo el pasado mes de abril, afiliados al régimen contributivo generaron 28.915 quejas, mientras que los del subsidiado pusieron 12.917. Sin embargo, un estudio de la Universidad Jorge Tadeo Lozano encontró que en Bogotá, por ejemplo, el 60% de las personas que acuden a urgencias no las necesitan, según la clasificación del triaje que permite definir la prioridad de la atención.

Medicamentos

Entre los beneficios que reciben los pacientes en Colombia, más que en otros países, tienen derecho a la mayoría de los medicamentos a través de las EPS, un logro de hace tan solo 25 años. Las EPS en menos de cinco días tienen que ponerlos a disposición del paciente. No obstante, algunos no son de fácil acceso y se deben importar, lo que alarga los tiempo de espera para los usuarios.

Según un estudio del Ministerio de Salud, el 80% de las personas considera que se les están entregando bien los fármacos. En un debate de control político en el Congreso, el representante liberal José Luis Correa aseguró que en lo que va de año las multas contra las EPS en el país hacienden a más de 1.300, lo que representa $140.000 millones, pero que son pagadas por la UPC (Unidad de Pago por Capitación), dinero que aportan los colombianos que cotizan para la prestación del servicio de salud. Según el congresista, actualmente cursan 1.057 procesos judiciales contra las EPS por negligencias que han generado muertes; de cada tres tutelas en el país, dos son para que ordenen la entrega de medicamentos POS. De otra parte, en el marco de las discusiones sobre el Presupuesto General de la Nación para 2019 en las comisiones económicas del Congreso de la República, el ministro de Salud, Juan Pablo Uribe, dijo que se requieren $3.5 billones adicionales para la operación del sector salud en el próximo año. “Estamos en una coyuntura de la salud colombiana, difícil y retadora, y es muy importante que juntos podamos enfrentarla con un presupuesto suficiente para tener la liquidez que requieren las dificultades que tenemos”, manifestó Uribe.

De acuerdo con el funcionario, el déficit que viene registrando la cartera en el proyecto de presupuesto está representado en varios aspectos como en materia de salud pública, aseguramiento y en el funcionamiento de varias entidades del sector. En materia de salud pública, Uribe explicó que hay faltantes principalmente en el Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) y otros de promoción y prevención en salud, además de las encuestas nacionales que alimentan de manera cuantitativa a la salud en el país. Frente al aseguramiento, el Ministro apuntó que hay déficit frente a los recursos por los servicios no POS, a partir de la financiación de la salud a través de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres). Es en ese marco debe analizarse lo que acaba de suceder con la decisión de reversar la venta de Cafesalud al consorcio Prestasalud y de los contratos de arrendamiento de las clínicas a través de las cuales Esimed opera como red Medimás EPS. Aunque el fondo del pleito es un confuso escenario contractual, accionario y empresarial, en el que ayer se anunciaron demandas por distintos flancos, lo evidente es que todo ello tuvo su origen en las deficiencias que la nueva entidad, que heredó más de cuatro millones de afiliados de la intervenida Saludcoop, tuvo para prestarles a todos ellos un servicio oportuno y de calidad. Desde hacía varios meses las autoridades venían advirtiendo que el nuevo operador fue desbordado estructural, logística y financieramente, razón por la cual esta última decisión contra Medimás no sorprendió a nadie e incluso para muchos de sus desesperados usuarios resultó tardía.

¿Qué hacer? el Ministro de Salud tasó el déficit del sistema en más de 10 billones de pesos. Anunció un plan de choque que implica varios frentes, que van desde un salvavidas presupuestal urgente, pasando por una reingeniería del sistema de aseguramiento, para  terminar con una reforma que lleve a introducir un indicador de calidad en el servicio, todo ello bajo la óptica de que lo más importante es prestar una atención oportuna y eficaz en salud a todos los colombianos.

Sin embargo, para algunos expertos esa estrategia puede resultar válida a corto plazo pero no es la solución definitiva ni permanente a la crisis estructural del sistema. Incluso en el Congreso ya cursan sendos proyectos de ley que plantean correctivos de fondo al modelo de aseguramiento o hasta la reformulación total del mismo. Entes internacionales como la OCDE, la Cepal y otras instancias sostienen que cualquier reforma debe partir no solo de un modelo de financiamiento sostenible, que incluso imponga bajo un criterio realista algunas restricciones en el servicio y la cobertura, sino también de la urgente necesidad de aumentar la formalidad laboral que lleve a que crezcan sustancialmente todos los aportes de la masa trabajadora en materia de seguridad social.

Esta bomba de tiempo obliga a tomar medidas más radicales y estructurales. De lo contrario, en el corto plazo el sistema total podría hacer implosión.

Fuente: El Nuevo Siglo